La Compra Pública Verde o GPP (Green Public Procurement) es el proceso en virtud del cual las Administraciones Públicas contratan “mercancías, servicios y obras” cuyo impacto medioambiental haya sido “reducido durante su ciclo de vida”, según dictamina la Comisión Europea. Ya en 2005 la Unión Europea, en su informe “¡Compras ecológicas! Manual sobre la contratación pública ecológica”, fijaba como objetivo que en 2010 los países miembros alcanzaran un nivel medio de contratación verde similar al que ya habían registrado los países a la cabeza en materia ecológica, como Dinamarca, Suecia, Finlandia o Austria.

La implementación de contratación y compra verde en las Administraciones Públicas, además de favorecer el desarrollo del medio ambiente, potencia el empleo, ya que genera demanda de un tipo de servicios prestados por pequeñas y medianas empresas, potenciando así el emprendimiento. Para ser eficaz, la compra pública verde requiere la inclusión de criterios ambientales claros y verificables en el proceso de contratación pública. La Comisión Europea y algunos países de la Unión han elaborado directrices en este sentido.

Otra tendencia novedosa en materia de contratación es la Compra Pública de Innovación, una actuación administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de contratación pública. Sus objetivos son la mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores, el fomento de la innovación empresarial y el impulso a la internacionalización de la innovación, empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia.